Un martes por la tarde del pasado mes de junio, Humberto estaba arrancando cables viejos de las paredes de una escuela secundaria en los suburbios de Birmingham, Alabama, cuando sonó su teléfono móvil.

La esposa de Humberto, que acababa de regresar de su compra semanal en el supermercado, lo llamaba. “Nuestra cuenta está negativo [números rojos]”, dijo.

Este electricista de 45 años, que habló con la condición de ser identificado solo por su segundo nombre porque es indocumentado, había estado trabajando 10 horas al día, seis días a la semana, como parte de un proyecto de renovación de $200 millones de dólares. Así fue como se enteró de que su cheque de $1,250 dólares había rebotado.

Y así comenzó la infructuosa búsqueda de Humberto para conseguir un salario justo por un día de trabajo, una historia familiar para muchas otras víctimas del robo salarial que tienen que luchar durante meses o años por el dinero que se les debe.

Las empresas que dependen de trabajadores con salarios bajos son las más propensas a ser atrapadas engañando a sus empleados, según un análisis del Centro para la Integridad Pública sobre las violaciones del salario mínimo y las horas extras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Solo en 2019, la agencia citó a unos 8,500 empleadores por quedarse con unos $287 millones de dólares de los trabajadores.

El contratista en el caso de Humberto, Mata Electric, pagó el cheque aproximadamente una semana después de que fuera devuelto, dijo, pero fue solo el primero de varios cheques que rebotaron lo que terminó condenando a su familia de cuatro personas a caer en una profunda deuda.

Cuando dejó el trabajo en agosto, dijo Humberto, el contratista le debía más de $3,500 dólares por cinco semanas de trabajo.

Humberto se vio obligado a pedir prestados $500 dólares a su suegra en Honduras para pagar el alquiler. Su madre, que trabaja en Krispy Kreme, también le prestó dinero.

Pronto empezó a preguntarse si sus compañeros de trabajo también estaban siendo engañados.

“A los trabajadores no nos gusta hablar de eso, por la vergüenza”, dice. “Básicamente estás admitiendo que dejaste que alguien se aprovechara de ti”.

Finalmente, les preguntó. Algunos compañeros dijeron que llevaban semanas sin cobrar; otros, más de un mes.

Humberto y un grupo de sus compañeros decidieron enfrentarse a su supervisora, Tina Sharpe, después del almuerzo un día de agosto. Uno de los trabajadores más jóvenes les ayudó traduciendo al inglés.

“Estamos muy, muy enojados. Nos debes muchos cheques”, le dijo Humberto.

Sharpe respondió con calma, dijo, y les contó que la empresa tenía problemas financieros. Dijo que ella les prometió que el dinero estaba en camino y les rogó que siguieran trabajando. Humberto lo hizo, durante unas semanas más. Cuando le rebotaron dos cheques más, empezó a buscar otro trabajo.

Nunca recibió su último cheque, añadió.

A través de un abogado, Sharpe declinó hacer comentarios, excepto para negar cualquier infracción y disputar el uso de Public Integrity del término “robo de salario”.

Isaac Guazo, de la organización sin fines de lucro Adelante Alabama Worker Center, instó a Humberto y a sus compañeros de trabajo a demandar a Mata Electric.

La idea asustó a Humberto. Había oído historias de funcionarios de inmigración que esperaban en los juzgados para detener a los inmigrantes indocumentados. Algunos de sus compañeros de trabajo, que también son indocumentados, se echaron atrás. Alrededor de una docena, incluido Humberto, decidieron seguir adelante.

Su abogado presentó la documentación en el tribunal federal a principios de diciembre. Sólo había un problema: no pudieron encontrar al copropietario de la empresa, Erick Mata, para entregarle los documentos. Tenían 120 días para hacerlo. Después de eso, la citación judicial caducaría y un juez podría desestimar el caso.

El 19 de febrero, un agente judicial localizó a Sharpe en uno de los domicilios de Mata en Birmingham y le entregó una citación y otra para Mata. Ella y Mata, ambos nombrados en la demanda como acusados y copropietarios de la empresa, no respondieron a las alegaciones de los trabajadores.

Nadie respondió a las llamadas telefónicas de Public Integrity al número que figura en la dirección de Mata. Centro para la Integridad Pública también envió cartas certificadas a cuatro direcciones en busca de comentarios, pero no respondió.

Los registros públicos muestran que Mata comenzó a tener problemas financieros ya en 2017, cuando el IRS presentó un gravamen fiscal contra él por $28,596 dólares en impuestos no pagados. El estado de Alabama ha presentado tres embargos fiscales contra Mata desde 2018. En septiembre y octubre, dejó de pagar su hipoteca, según los registros. No está claro dónde vive ahora.

En marzo, Sharpe se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 7, lo que podría hacer más difícil que Humberto y sus compañeros de trabajo obtengan su dinero. Si Humberto tiene éxito, ya sabe en qué lo gastará.

“Realmente, necesito pagar a mi suegra”, dijo. “Y a mi madre”.

El reportero de datos de Integridad Pública Joe Yerardi contribuyó a este artículo.

Alexia Fernández Campbell es reportera de Public Integrity. Se puede contactar con ella en acampbell@publicintegrity.org. Sígala en Twitter en @AlexiaCampbell.

Univision tradujo la versión en español de este articulo.

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